El cohecho, también conocido como soborno, es un pacto corrupto entre dos personas físicas y/o jurídicas con la finalidad de conseguir decisiones favorables para alguna de las partes.
El Código Penal español castiga este delito y también le otorga una nueva dimensión: el cohecho trasnacional.
Si bien en 1997 fue cuando se firmó el Convenio para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el 2000 se incorpora este delito al Código Penal, no es sino hasta el 2015, con una reforma, cuando pasa a formar parte de los delitos de alta corrupción.
Entonces, se establece que el cohecho trasnacional sucede cuando se ofrece, entrega o promete una cantidad de dinero u otras ventajas con el fin de torcer la voluntad de un funcionario público con poder para adjudicar un negocio o un contrato; esto con la finalidad de alterar el normal funcionamiento competitivo y leal del mercado internacional.
A pesar de que con esta ley se muestra una claro compromiso de las autoridades españolas para combatir la corrupción, aún es necesaria la adopción de mejores procesos y técnicas para perseguir y combatir estos delitos.
Una muestra de ello es que después de la ratificación del convenio, con fecha de 4 de enero de 2001, no fue sino hasta el 2017 cuando se procesa, juzga y condena un caso de cohecho internacional.
El caso se trató de dos ejecutivos que aceptaron mediante una declaración haber ofrecido 70.000 euros como soborno al viceministro de Guinea Ecuatorial, uno de los países más corruptos del mundo.
Según los hechos acordados con la Fiscalía, uno de estos ejecutivos concertó una reunión con el viceministro en el año 2009, usando un acuerdo entre el Ministerio de Educación y una editorial de Guinea Ecuatorial como tapadera.
El acuerdo establecía que esta editorial tenía que abonar esta cantidad de dinero a las arcas del ente público, pero el dinero fue a parar directamente a las cuentas del político en cuestión. Luego de esto, empezó a llevarse a cabo el contrato, intercambiando libros por cantidades de dinero muy altas.
Las penas por cohecho trasnacional
Según lo previsto en la ley, las condenados por cohecho trasnacional pueden sufrir de 2 a 6 años de prisión y multas de 12 a 24 meses.
Además de esto, los condenados tendrán prohibido hacer contratos con el sector público, así como también perderán la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
Tampoco ostentarán el derecho de gozar beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Aparte, sufrirán la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un periodo de 7 a 12 años.
En el caso antes mencionado los imputados recibieron penas reducidas tras haber colaborado con la investigación.
El Ministerio pidió para los dos 1 año de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, una multa de 6 euros diarios durante 6 meses.
Durante 3 años y medio no podrán contratar con el sector público ni recibir subvenciones y beneficios fiscales por parte de la Seguridad Social.